El cacique del pueblo metido en pleitos sugiere a su abogado enviar un jamón al juez para que su caso se resuelva a su favor. El abogado se lo desaconseja, diciéndole que el juez es un funcionario intachable, y que sobornarle le traería problemas. Meses después el cacique gana el juicio y le dice a su asesor: “¿Ve?, por el jamón”. El abogado, sorprendido, no da crédito y el cliente le explica: “Lo mandé con el remite de la parte contraria”.
Chistes aparte, ¿es la corrupción un problema irresoluble en nuestro país? A remolque de la experiencia, las leyes han intentado combatirla a base de crear tipos delictivos específicos o agravados, establecer mecanismos de control, luchar contra los paraísos fiscales o dotar de más medios a la Agencia Tributaria, a la policía y a los jueces. Pero ni por esas. Ya quedan lejanos los años 90, en los que el ambiente se había vuelto irrespirable, con sonoros casos cuyo paradigma fue el de Luis Roldán, aquel director de la Guardia Civil que había mentido hasta en su currículum. Pero resulta que casi al final de esta década seguimos contemplando el destape de casos de corrupción con operaciones de pomposos nombres –Malaya, Guateque...–, cuyo denominador común sigue siendo el aprovechamiento ilícito de un cargo público para beneficio propio. ¿Podemos encontrar sin dificultad un municipio de la Costa del Sol donde la bandera azul de la limpieza ondee más allá de sus playas?
En la campaña electoral casi todos los partidos se han lanzado dardos sobre la existencia de cargos electos presunta o realmente corruptos en las filas de sus adversarios. Pero siguen el consejo evangélico de que “quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra” y lo denuncian con la boca pequeña, sabedores de lo que hay. Lo realmente curioso es que la legislación está cambiando permanentemente para endurecer las penas a los corruptos y poner trabas a las tentaciones. Un cargo público debe justificar, a su cese, que tiene una situación económica o patrimonial similar a aquella con la que entró. Y no sólo él, sino sus cónyuges, parejas, familia y amigos. La propia Ley parece considerar a sus principales servidores seres genéticamente proclives a este tipo de infección.
La organización Transparencia Internacional publica cada año su informe sobre la percepción de la corrupción en el mundo, y pese a sus conclusiones pesimistas, señala un aspecto muy importante: no sólo los gobiernos deben velar por su erradicación, sino también los ciudadanos. Cierto es que puede resultar más culpable el funcionario que pone la mano, pero si no hubiera un particular que le entregase el impuesto, los sobornos tenderían a desaparecer. Y pese a que en nuestro fuero interno pensemos que nuestros políticos y altos funcionarios son peores que los del país vecino, lo cierto es que el sistema democrático y la auténtica división de poderes son los mejores antídotos contra esta enfermedad.
No hay más que echar un vistazo al mapa mundial de la corrupción ( www.transparencia.org) para ver dónde se cuecen las habas. Dinamarca, pese a Hamlet, es el país menos corrupto del mundo, mientras que en 2007 la cúspide la ocuparon países en crisis como Afganistán o Irak, en los que la capacidad de gobernar es casi inexistente y los mercenarios se apropian de los recursos públicos. Según Transparencia Internacional, “resulta esencial contar con un sistema judicial profesional e independiente a fin de eliminar la impunidad y hacer cumplir el estado de derecho imparcial; y promover la confianza de los ciudadanos, donantes e inversores. Si no se puede confiar en los tribunales para que enjuicien a los funcionarios corruptos o para que ayuden en el rastreo y devolución de la riqueza ilícita, no será posible avanzar en la lucha contra la corrupción”.
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