Como ayer publicaba en exclusiva Levante-EMV, un mando de la capital del Túria ha llevado al juzgado al intendente del municipio vecino por un presunto delito contra la administración pública, contra el honor y por amenazas a un agente de la autoridad.
El motivo: el enfrentamiento entre ambos después de que el intendente torrentino mediara para que se paralizara un atestado contra su hermano, que había dado positivo horas antes en un control de alcoholemia en Valencia.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de marzo y, pocas horas después, el consistorio torrentino ya era conocedor de lo sucedido. Según ha podido saber este periódico, nada más ser informado por el Ayuntamiento de Valencia del episodio registrado en la 5ª Unidad de Distrito el responsable de Seguridad de Torrent, Santiago Miquel, puso en conocimiento de la alcaldesa, MªJosé Català, lo sucedido y se ordenó la apertura de un expediente informativo reservado hasta que se produzca un pronunciamiento judicial.
En caso de que el juez condene al intendente torrentino, el consistorio procedería a la apertura de un proceso sancionador que supondría, según el grado de gravedad, hasta tres años de suspensión de empleo o, incluso, la expulsión del cuerpo.
Malestar en el PP
La actuación del intendente ha provocado un profundo malestar en el seno del gobierno popular de Torrent, que mantiene muy buenas relaciones con el departamento que dirige en Valencia el concejal Miguel Domínguez. De hecho, su homólogo en Torrent, Santiago Miquel ha querido manifestar públicamente su "agradecimiento" al edil Domínguez y a todos los mandos policiales de la ciudad de Valencia "por la colaboración que nos están prestando continuamente" y ha afirmado que "las puertas de la Policía Local de Torrent a la de Valencia se mantendrán tan abiertas como hasta ahora, de igual manera que las de Valencia han estado para nosotros".
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