Los taxis no son un medio de transporte económico y menos si las distancias a recorrer son extensas. La Conselleria de Justicia gasta todos los años más de dos millones de euros en costear los desplazamientos de los fiscales a los diferentes partidos judiciales, según informaron fuentes del departamento autonómico.
El problema, según la Conselleria, tiene fácil solución: más fiscales, cuya creación es competencia del Gobierno, pero distribuidos en todos los partidos judiciales para evitar los viajes de un juzgado a otro. No sólo se ahorra dinero, sino también tiempo, argumentan las mismas fuentes.
Actualmente en sólo once partidos judiciales de los 36 con los que cuenta la Comunitat Valenciana existe destacamento de fiscalía, es decir, que los fiscales no deben desplazarse. Se trata de Valencia, Alzira, Gandia, Alicante, Benidorm, Dénia, Orihuela, Alcoi, Torrevieja, Castellón y Vinaròs. Desde el departamento que dirige el conseller Fernando de Rosa insistieron en que si se crearan más adscripciones judiciales -con sus correspondientes funcionarios- las facturas se reducirían considerablemente.
Por ejemplo, sólo en la provincia de Valencia, es necesario desplazarse a Massamagrell, Requena, Llíria, Sagunto, Ontinyent, Xàtiva, Sueca, Carlet, Picassent, Torrent, Mislata, Paterna y Catarroja, entre otras localidades.
El pasado martes la empresa que presta este servicio en Castellón decidió no hacer más estos desplazamientos debido a las facturas impagadas por parte de la Conselleria. Fuentes del departamento no precisaron ayer la cuantía de la deuda, que se generó "por un problema en la tramitación de los pagos, pero no por falta de fondos". De hecho, en la provincia de Valencia y Alicante se trabaja con el mismo sistema.
La decisión de esta compañía propició que el fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, alertara del riesgo de suspender juicios al no poder desplazarse los fiscales, tal y como ayer informó LAS PROVINCIAS.
Desde la Conselleria aseguraron que el coste de los taxis se abonaría en su totalidad a los funcionarios. No obstante, no es lo mismo que sean los funcionarios los que tengan que pagar el taxi de su propio bolsillo, que el servicio sea pagado directamente por la Conselleria de Justicia.
Además, a este inconveniente, también se le suma el exceso de trabajo y la falta de funcionarios, en este caso dependientes de la Conselleria, como denunció Carceller.
El Consell indicó que en la Comunitat aproximadamente trabajan 200 fiscales, mientras existen el doble de órganos judiciales, "cuando la cifra óptima sería la de uno por juzgado".
La Fiscal Jefe de Valencia, Teresa Gisbert, admitió ayer el gran gasto económico que se genera "a todos los valencianos" con los desplazamientos en taxis. Pero mientras la Conselleria considera que el problema es la falta de fiscales, para Gisbert el inconveniente se sitúa más en la falta de medios tecnológicos, inversión que reduciría el número de viajes.
Desde la Fiscalía ya se han puesto manos a la obra. Su propuesta consiste en potenciar el uso de las videoconferencias. Por eso, están trabajando en la elaboración de un protocolo para determinar qué diligencias judiciales pueden realizarse a través de esta vía de comunicación y, por tanto, no es necesaria la presencia física del fiscal.
Responsabilidad de la Conselleria será el instalar más sistemas de este tipo, pero Gisbert confía en que los responsables autonómicos no pondrán inconvenientes a esta inversión.
Las críticas del fiscal Carceller -por la falta de funcionarios- causaron una gran sorpresa en los dirigentes de la Conselleria de Justicia, que alegaron que se está trabajando en el refuerzo de la plantilla y no entendieron las críticas en público que lanzó el fiscal jefe.
Además, mostraron su extrañeza en que centrara sus reivindicaciones en la falta de funcionarios -competencia de la Conselleria- y no en la de fiscales -responsabilidad del Gobierno-.
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