El Ministerio Fiscal ha abierto una investigación penal contra una empresa de gestión de residuos de construcción por un presunto delito contra el medio ambiente. Según fuentes judiciales, la firma, ubicada en el término de Torrent lleva presuntamente varios años almacenando basuras en unos terrenos, situados entre unos campos de naranjos en la Canyada del Corral. No obstante, las mismas fuentes indican que sólo dispone de una licencia para acumular tierras limpias.
El Grupo del Seprona de la Guardia Civil llevaba tiempo investigando este vertedero donde tenían indicios de que presuntamente se estaban vaciando a diario contenedores de basuras sin baremo ni de separación de productos y deshechos contaminantes, como plásticos y poliutireno.
Inspección municipal
El Ayuntamiento de Torrent tomó cartas en el asunto tras recibir varias quejas vecinales de los dueños de los chalés próximos a la zona de los vertidos y, en el mes de mayo, una inspección integrada por agentes de la Policia Local y técnicos de la concejalía de Medio Ambiente levantó un acta por incumplimiento de licencia.
Desde entonces el asunto quedó en manos de la Conselleria de Medio Ambiente, a la que se remitió el expediente, desde donde se envió un informe a la Fiscalía, que ya ha abierto una investigación para determinar las responsabilidades que puedan existir.
Además de las posibles sanciones económicas que habría de asumir la empresa, la resolución judicial podría ir acompañada de la orden de restitución del terreno a su estado original.
Aunque esta tarea podría llevar años, fuentes cercanas al caso apuntaron que, de determinarse esta obligación, la empresa de residuos debería llevarse hasta el último ladrillo o plástico a una planta autorizada, donde se separarían los residuos. El concejal de Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, confía en que en breve se tengan novedades al respecto y la montaña de basuras desaparezca.
Las multas por un delito contra el medio ambiente tendrán en cuenta el beneficio obtenido durante estos años por parte de la empresa, cuyos servicios de retirada de escombros y alquiler de contenedores resultaban más baratos que sus competidoras al no incluir gastos de tratamiento de residuos, apuntaron fuentes del caso.
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