1, ago
Una sentencia del Tribunal Superior veta el poder municipal para trasladar las antenas de telefonía.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana determina que el Estado es la único competente para decidir sobre las distancias de seguridad de las antenas de telefonía móvil. El fallo, sobre el caso de Rojales, puede afectar directamente a la situación de municipios como Xirivella o Paiporta, cuyos Ayuntamientos han puesto restricciones.
El fallo de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ, sección segunda, a raíz de un recurso presentado por Telefónica Móviles, determina que son nulas de pleno derecho la exigencia de licencia de actividad calificada para instalar antenas y la de un seguro de responsabilidad civil para aspectos relativos a los riesgos para la salud. Además, menciona el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que señala que son seguras para las personas.
Un portavoz de las empresas de telefonía móvil con una red de antenas ve como especialmente problemático para el sector el caso de algunos Ayuntamientos valencianos, en especial los citados de l'Horta, ya que hay "muchas ordenanzas que limitan las distancias. Y las operadoras siempre han dicho que alejar las antenas es un error, que el móvil no funcionará correctamente".
"Lo más sensible de esta sentencia es la distancia de seguridad, porque existe un altísimo porcentaje de normativas que pretendían sacar las antenas de los municipios. Esta sentencia dice que es nulo de pleno derecho, el Ayuntamiento no puede establecerla", afirmó el portavoz.
Las grandes compañías "defendemos desde hace años la inocuidad de estos aparatos. La OMS, a través de estudios, ha puesto de manifiesto que no hay ningún tipo de relación entre antenas de telefonía móvil y determinadas enfermedades. En Xirivella hemos querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los vecinos y lo reiteramos, son seguras y lo dice la OMS y el TSJ de la Comunidad Valenciana".
La sentencia señala, en sus fundamentos jurídicos, que "el mero hecho de que un instrumento, aparato o producto pueda incidir en la salud de los ciudadanos no hace competente al Ayuntamiento para regularlo".
Las grandes operadoras han advertido del riesgo de quedarse sin cobertura, de que ésta disminuya o se colapse la red en Albal, Burjassot, Moncada, Torrent, Xirivella, Paiporta, Godella, Alcàsser y Quart de Poblet, Gandia, Sueca, Bétera y Utiel.
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