Menos cenas, menos copas, cine una vez al mes y pocos caprichos en ropa son algunas de las medidas que han tenido que tomar los ciudadanos para afrontar una crisis que ya dura un año y que se prolongará durante los próximos meses.
Ante esta situación tan crítica, los ciudadanos han presionado a sus ayuntamientos para que congelen los impuestos y no los aumenten en el próximo ejercicio, a pesar de que la situación financiera municipal es tan crítica como quizás las economías domésticas.
Valencia a la cabeza y el resto de localidades metropolitanas han decidido este año no realizar ninguna subida, ni siquiera la del IPC como es el caso de Valencia. La alcaldesa Barberá anunció que se estancarán y no tocarán cuatro impuestos que generan el 82,35% de ingresos directos e indirectos en el Ayuntamiento como son el IBI, el de Construcciones, el de Plusvalías y el de Vehículos.
Esta medida supondrá una merma en los ingresos municipales puesto que el IPC previsto ronda el 5,1% y sólo en el Impuesto de Bienes e Inmuebles alcanzará los 55,17 millones de euros en ingresos.
Barberá aseguró que esta congelación era necesaria porque estos impuestos son los que más afectan al bolsillo de los ciudadanos.
Otra de las medidas ya se aplicaron en julio con la revisión catastral durante los dos próximos años, pero lo que no hará el Ayuntamiento será rebajar el Impuesto de Bienes e Inmubles (IBI). Los socialistas criticaron esta semana que de esta forma, se estaba aprobando una subida encubierta del 13%, puesto que a partir de enero Valencia y la mayoría del resto de ayuntamiento dejarán de cobrar la basura y se hará a través del Ente Metropolitano a través de la factura del agua potable. Los socialistas aseguraron en el pleno que se estaba realizando una doble imposición, hecho que rebatió el concejal de Hacienda quien aseguró que el tratamiento de las basuras es un servicio que se ha incorporado ahora.
En los municipios del área metropolitana la situación no dista mucho de la de Valencia. Los vecinos no quieren que les suban más los impuestos municipales en un año en el que la revisión catastral efectuada por el Gobierno central, y que actualiza los valores de cada vivienda según el precio de mercado, ha hecho que la contribución urbana haya aumentado hasta en un 40 o un 50% en municipios como Torrent, Paterna o Mislata.
En este último municipio, la presión vecinal ha sido tan dura que el Consistorio se ha visto obligado a reducir el coeficiente que aplica sobre ese valor catastral, que pasa del 0,98, uno de los más altos de la comarca, al 0,758 a partir del próximo año, con el objetivo de disminuir la presión fiscal. De este modo, Mislata se convertirá en uno de los municipios con menor presión fiscal de la comarca.
La alcaldesa de Torrent, María José Català, todavía no lo ha aprobado, pero ya anunció hace unas semanas que para el próximo año el Ayuntamiento va a reducir el Impuesto de Bienes Inmuebles, que también se había actualizado con la revisión de los valores catastrales.
A pesar de que en Burjassot, su alcalde decidió tomar medidas para luchar contra la crisis económica, como la congelación de salarios, el coeficiente que aplica al Impuesto de Bienes Inmuebles es uno de los más altos de la comarca, un 0,926. Junto con Alaquàs, o Benetússer, este municipio tiene una mayor presión fiscal.
En el extremo contrario Puçol, que todavía podría incrementar en varias décimas el tipo impositivo que aplica a los valores catastrales de las viviendas.
En Camp de Túria, los ayuntamientos apuestan por congelar los sueldos de concejales y cargos de confianza y por congelar las tasas. Así se reflejará, por ejemplo, en el presupuesto municipal de 2009 de la cabecera de comarca. Las cargas fiscales sólo tendrán un incremento de la mitad del IPC, excepto el agua potable, que subirá un 5%.
En otros municipios, ni eso. Así ocurrirá, por ejemplo, en La Pobla de Vallbona, que ha decidido congelar todas las tasas de cara al próximo ejercicio. De este modo, al igual que en 2008, un coche de hasta 11,99 caballos fiscales pagará 47 euros, y uno de entre 12 y 15, 100 euros. El IBI en un piso de 90 metros cuadrados costará entre 161 y 170 euros, igual que este año.
En L'Eliana, el pleno aprobó el pasado jueves un plan de ajuste económico para tres años que contempla la congelación de sueldos de concejales, la reducción de entre el 10% y el 20% en el gasto, y el compromiso de no incrementar la presión fiscal.
El Partido Popular ya reunió hace unas semanas a los alcaldes de l'Horta Nord para asesorarles sobre cómo podían disminuir gastos y aumentar los ingresos. No hay fórmulas mágicas. Los ayuntamientos tienen gastos fijos, como los sueldos de los funcionarios. No quieren bajar el capítulo dedicado a los servicios sociales o la educación. Tampoco las inversiones, que son las actuaciones que mayor rendimiento electoral tienen. Y por ello los alcaldes, como el de Catarroja, piden ayuda a la Federación de Municipios y Provincias para que les asesoren y su situación financiera no se agrave.
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