Una especie de "disfrútelo ahora y páguelo hasta en diez años", según lo previsto en el capítulo IX del Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
El pago aplazado permite a la administración recurrir a la deuda. Es la empresa adjudicataria quien adelanta el dinero de la obra que se va a ejecutar. Una vez terminada y entregada la infraestructura, es cuando la Generalitat empieza a pagar la obra.
Este es el sistema previsto por la Generalitat para financiar "las obras previstas dentro del Plan de Innovación de Sedes Judiciales, de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, en los posibles contratos a celebrar dentro del año 2009 de las sedes judiciales de Torrent, Xàtiva, Mislata, Alicante y Villena, con el alcance previsto en el Justiseu". Para hacerse una idea del dinero del que se habla, el coste de un paquete de nuevos juzgados autorizados en 2007, los de Elche, Vila-real, Alzira y Paterna, ascendió a más de 67 millones de euros. La Generalitat prevé un pago aplazado de hasta 10 años, una vez acabadas las obras de las sedes judiciales.
Otras tres carreteras también podrán financiarse utilizando este sistema, según la autorización del Consell en la ley de acompañamiento.
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