

Torrent, 27/01/2009 - El Ayuntamiento de Torrent dará la posibilidad a los vecinos que les ha tocado una vivienda protegida en régimen concertado a cambiar la calificación por vivienda protegida en régimen general. Son 36 pisos de un total de 168, lo que no llega ni a un 21% del total de la promoción, los tienen esta calificación. Esta opción ya la barajaba el gobierno local tras las primeras reuniones con agraciados de VPP de las dos promociones M-7 y M-20, y tras conocer que algunos de los beneficiarios no podían hacer frente al pago de una VPP en régimen concertado, así lo anunció ayer el equipo de gobierno para que ninguno de los 36 jóvenes se quede sin piso por razones económicas.
La alcaldesa de Torrent, María José Català, acompañada del concejal de Urbanismo, Santiago Martí, y el gerente de Nous Espais, ofreció hoy una rueda de prensa para explicar todo el proceso seguido en las dos promociones de viviendas protegidas realizadas por el Ayuntamiento de Torrent ante las graves acusaciones vertidas por los grupos de
“Sus declaraciones son mentira, y no sé si se podrá hablar de transparencia sobre la gestión urbanística de los últimos 10 ó 15 años. Supongo que el hecho de no haber dado ni una sola llave de vivienda protegida durante todo el tiempo que han gobernado es una losa que pesa mucho”, añadió la alcaldesa de Torrent, quien anunció que se va a abrir una investigación de la gestión urbanística de los últimos 10 años.
Un proceso abierto
Primero dejar claro que el proceso sigue abierto hasta el día 30 de enero por lo que el Ayuntamiento de Torrent aún no dispone del número de personas que han renunciado a sus VPP en las dos nuevas promociones de la M-7 y M-20. Desde el gobierno local se está hablando con cada uno para conocer cada situación y sólo a partir de estos datos el Ayuntamiento iba a tomar una determinación, en este caso y a la vista que hay personas que ya han renunciado a VPP en régimen general “hemos decidido que todos puedan acogerse a este régimen general cuyo coste es menor”. Incluso el Ayuntamiento de Torrent había previsto buscarles un VPP en otras promociones en marcha para que ningún joven agraciado se quedara sin piso. “Lo que ha pasado es que la oposición ha quemado la falla en diciembre y no se ha esperado a marzo”, indicó Català.
El equipo de gobierno ha lamentado las mentiras que se han difundido para confundir a las personas agraciadas en el sorteo de VPP en los edificios M-20 y M-7. Los informes jurídicos que el gobierno local ha pedido no dejan duda a que todo se ha hecho siguiendo la legalidad pues las viviendas protegidas concertadas son tan públicas como las viviendas protegidas en régimen general.
Cuando se realizó el sorteo se sortearon viviendas protegidas (VPP) y fueron las promotoras quienes decidieron destinar una parte a la calificación de concertadas, ya que la ley de vivienda así lo permitía a cambio de introducir mejoras tanto en esos pisos concertados como para los vecinos de Torrent con el destino de unos bajos para ubicar una biblioteca y su acondicionamiento.
“En este caso de Torrent las dos promotoras, que no el Ayuntamiento, decidieron destinar 36 viviendas a concertadas de un total de 168, ni 45 ni 50 como han publicado medios de comunicación. Son un 21% del total y lo hicieron las constructoras acogiéndose a la legislación y con importantes mejoras para los adjudicatarios”, explicó la alcaldesa.
“Todo el proceso ha sido transparente y contemplado en la legislación, por lo que no entendemos que buscan los grupos de la oposición al tratar de engañar y confundir a los ciudadanos y ciudadanas que acceden a una vivienda”, explicó hoy el concejal de Urbanismo, Santiago Martí.
Ahora, ante la situación económica que atraviesa España, el Ayuntamiento de Torrent y
Esto llevará implicado que no se incluyan las mejoras previstas en los pisos como es la instalación del aire acondicionado, los materiales especiales en baños y cocina así como todos los electrodomésticos. Además, el Ayuntamiento de Torrent para conseguir que sean viviendas de régimen general renunciará a algunas mejoras que las promotoras realizaban en la adjudicación de las parcelas, “en ese caso, se asumiría en perjuicio patrimonial del Ayuntamiento, porque siempre prima el bienestar del vecino por encima del consistorio”.











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