Vora Sequia(Torrent)

Pensaron que podía ser una pequeña compensación al esfuerzo de cientos de familias.

Su hija sufre la enfermedad de Hurler desde que nació, hace 41 años, lo que les obliga a dedicarle una atención permanente y también gran parte de los recursos económicos que han percibido a lo largo de su vida. La afección es degenerativa y, en la actualidad, acarrea a la enferma numerosos problemas respiratorios, estomacales y de diverso tipo, lo que supone constantes visitas a los servicios de urgencias del hospital.
Cuando se aprobó la Ley de Dependencia, Antonio Sánchez y Antonia Díaz, residentes en Torrent, pensaron que podía ser una pequeña compensación al esfuerzo de cientos de familias. Tras meses de trámites y papeleo desde que presentaron la solicitud, en mayo de 2007, la Conselleria de Bienestar Social les aprobó, en junio de 2008, una prestación en concepto de "cuidadora no profesional" -figura que ejerce Antonia- de 405 euros mensuales. No obstante, sólo los han cobrado desde esa fecha y no desde el momento en que formularon la petición, como recoge la propia ley.
Por ello, la familia interpuso un recurso de alzada ante Bienestar Social en septiembre de 2008, en el que alegaban que la resolución de su hija "ha infringido los artículos correspondientes al devengo de la prestación económica" de la Ley de Dependencia. En el documento, se pedía que se revocara la decisión y se acordara el reconocimiento de la prestación económica "con efecto desde la fecha de la solicitud, reconociendo la retroactividad".